La Declaración Universal de los Derechos Humanos define a la
educación como un Derecho Fundamental, del que son sujetas todas las personas
sin distingo de etnias, ideologías políticas, condición social o ninguna otra,
es decir que es obligación de los Estados fomentar las condiciones necesarias
para hacerlo accesible a todos y todas. En Colombia, el Artículo 67 de la Constitución
Política dice: "A través de este se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura".
Por otro lado, existen otras leyes que
promueven la igualdad en la educación, incluyendo a las personas con algún tipo
de discapacidad. "El Estado apoyará y fomentará la integración al sistema educativo
de las personas que se encuentren en situación de discapacidad a través de
programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa y asimismo
la formación de docentes idóneos" Artículo 47 de la Ley 115 de 1994
Esta ley que se consagró hace más de 20 años,
afirma que los docentes recibirán una formación idónea para apoyar los procesos
educativos de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea síndrome de
Down, autismo, limitación auditiva o visual, entre otras. Además en el 2013 se
aprobó la Ley 1618, que hace énfasis en la
inclusión educativa en Colombia, afirmando que las personas con alguna
discapacidad cognitiva tienen derecho hacer parte del sistema educativo
convencional, de igual forma dice que la educación de calidad es aquella que
tiene en cuenta las necesidades educativas especiales, y en la que estas
personas no son excluidas.
Sin embargo, nos encontramos con que
instituciones educativas y docentes no se sienten preparados y capacitados para
atender a esta población, ya que hay un desconocimiento sobre las diferentes
metodologías de aprendizaje que se pueden emplear con estos niños, por tanto
hay temor al recibirlos y trabajar en igualdad de condiciones con niñas y niños
que no tienen ningún tipo de discapacidad.
"No quiere decir que las personas con
discapacidad cognitiva no puedan aprender a leer o a escribir, de hecho lo
logran, pero a un ritmo y metodología diferente a la convencional". Afirma
la docente y educadora especial Natasha Calero, quien ya lleva trabajando
alrededor de ocho años con personas con discapacidad cognitiva. El derecho
a la inclusión educativa se ha convertido en un reto para los docentes
por su falta de capacitación y las exigencias que el tipo de discapacidad tiene
en el método de enseñanza.
"Es un desafío hacer inclusión en las
escuelas y colegios privados, requiere apoyo del Ministerio de Educación en
cuanto a la capacitación de los docentes, adecuar la planta física para los
niños con discapacidades visuales o auditivas, se requiere de un equipo
interdisciplinar, un terapeuta, una fonoaudióloga, una psicóloga" afirma
Beatriz Eugenia Materón, docente titular de jardín.
Pese a la existencia de leyes y decisiones
judiciales en las que se enfatiza que las personas con alguna discapacidad
cognitiva deben recibir una educación con calidad y adecuada para su tipo de
discapacidad, la pregunta que surge es ¿Qué ha pasado con la aplicación de
estas leyes? ¿Dónde quedó la preparación para los docentes y las instituciones
para recibir a estos niños y niñas, y así poder cumplir con la Ley de Inclusión
Educativa?
De acuerdo a las cifras suministradas por la
Secretaria de Educación, el año pasado en Cali se invirtieron $658 000 millones de pesos, dinero
con el que se culminó la formación en el uso pedagógico de las TIC de 540
docentes vinculados al sistema educativo oficial, y se dio inicio a la
capacitación en apropiación de las nuevas tecnologías a mil 700 docentes
en 65 sedes educativas, además de la dotación de computadores a distintas
instituciones.
Así como en el 2014 se invirtió este dinero
para fortalecer el uso de las TIC en el sistema educativo oficial, ¿por qué no
se ha tenido la misma prioridad para invertir en la capacitación de docentes y
adecuación de las instalaciones de las instituciones para que estén
acondicionadas para recibir a las personas con discapacidad cognitiva, y poder
implementar con efectividad la Ley de Inclusión Educativa? Lastimosamente
pareciera que primero se piensa en crear las leyes sin tener las herramientas y
recursos para implementarlas; ha pasado más de un año desde la promulgación de
la Ley de Inclusión Educativa, y en los colegios continua el temor y rechazo
para recibir a personas con discapacidad cognitiva, y los padres al querer
matricular a sus hijos tienen que soportar un NO por parte de las instituciones
y seguir en la búsqueda de una educación de calidad y en igualdad de
condiciones.
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